Menem lo hizo: las políticas de privatizaciones

“A la Argentina hay que conducirla como a una gran empresa: el presidente, los gerentes que son los ministros, secretarios, subsecretarios y los accionistas que son el pueblo argentino” Carlos S. Menem

Menem inició su carrera en la presidencia alegando la implementación de un proyecto que se denominó “Revolución productiva”,  aducía que el interés nacional prevalecería sobre el desamparo de los más débiles, la competencia sobre los monopolios, la producción sobre la indiferencia. Compromisos que fueron contradichos de pleno en la práctica. Sólo se buscaba captar votos de todas las clases sociales, haciendo promesas incoherentes  al electorado.

Los primeros años fueron difíciles: el país entró en cese de pagos con el Club de París, padeció la superhinflación y convivió con los fantasmas de los saqueos. Para superar la coyuntura se recurrió a un diagnóstico de la situación que proponía un plan de ajustes con medidas neoliberales, entre ellas un programa de privatizaciones, que se proponía liquidar toda empresa que diera perdida, debido a la necesidades presupuestarias de las finanzas públicas.

Esto se logró con la ley de “Reforma del Estado” que en 20 días se deshizo de las empresas públicas más cuestionadas. Menem tenía como ministro de economía a un representante de Bunge y Born, Néstor Rapanelli. Éste promovía el estereotipo de las empresas públicas como mal administradas, con cuadros financieros graves, servicios defectuosos y con déficit acumulado. Para sanear la situación proponía que el Estado debía tener un rol subsidiario en la economía y los servicios públicos debían pasar a manos privadas, las cuales tenían una técnica de administración centrada en el lucro que en breve las reformaría de modo que pasarían a producir ganancias.

La teoría privatista en boga se sustentaba en algunos principios: el Estado no podía hacerse cargo de las inversiones requeridas por las empresas públicas, y las mismas debían pasar a competir en el mercado. Se debía eliminar la política de subsidio, y con lo capitalizado se podría reducir la deuda externa. Finalmente se aducía que el capital privado podría invertir en adelantos técnicos superiores a los que podría brindar el poder estatal.

El esquema privatizador era simple, así lo explicaba el senador Roberto José Dromi en su discurso en la cámara: “Lo fundamental  es hacer y realizar, por lo cual las privatizaciones si no se pueden hacer por ley las haremos por decreto” y así se hizo.

El programa privatizador estaba dirigido a consorcios compuesto por capital local, extranjero y bancos acreedores de deuda pública, quienes participaban en las diferentes licitaciones para adjudicarse la concesión de las empresas. Su heterogénea composición comprendía  diferentes intereses: por un lado el capital extranjero (en su mayoría europeo: españoles, franceses e italianos) estaba dispuesto a invertir para comprar barato y vender caro, pretendían obtener grandes beneficios con los sucesivos aumentos de la tarifa del servicio e incumpliendo todas las inversiones a las que se habían obligado (el cumplimiento rondó en general  10% en toda la década), además de solicitar al Estado subsidios, como premios por su incompetencia a la hora de ofrecer los servicios. El capital local, por su lado, integraba el consorcio por acuerdos con el capital extranjero, ya que estos últimos necesitaban integrantes que conocieran los vericuetos políticos para hacer negocios con el Estado argentino, debido en parte a la  complejidad de las operativas y en parte al amiguismo imperante. Por último los bancos acreedores de deuda externa argentina,  quienes compraban títulos en défault a un valor del 10 % nominal que luego eran valuados al 100%,  así a la hora de incorporarlos a la licitación arrojaban grandes ganancias, la llamada  “capitalización de la deuda” .

En 1991 se fucionó el Ministerio de Economía con el Ministerio de Obras Públicas, creando un superministro y su titularidad le correspondió a Domingo Cavallo. Su llegada al gobierno pretendía incorporar capital golondrina y favorecer las especulaciones respecto de las maniobras privatistas,  además fue el impulsor de la ley de convertibilidad, que facilitó lo antes dicho, a costa de mantener un tipo de cambio irreal e insostenible a largo plazo , pero útil a los efectos de estabilizar la economía.

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Durante su ejercicio como ministro se privatizaron la gran mayoría de las empresas públicas, que en total llegaron a incluir la mayor parte de los servicios públicos: empresas de aeronavegación (Aerolíneas Argentinas, Austral), los teléfonos (ENTel), correos y telégrafos ( ENCOTEL), la mayor petrolera estatal ( YPF), Yacimientos carboníferos (YCF), la distribución y el transporte del gas (Gas del Estado), la red de distribución de agua (Obras Sanitarias), la distribución y generación de la electricidad (SEGBA), mil kilómetros de la red vial (rutas nacionales y provinciales, autopistas), el sistema cloacal, cuatro empresas petroquímicas, las principales líneas y ramales ferroviarios de pasajeros y carga (Ferrocarriles Argentinos), tres elevadores, terminales de puerto, dos acerías, tres fábricas militares, una empresa carboquímica, el mercado de hacienda, dos canales de televisión, un hipódromo, hoteles nacionales y provinciales (como el Llao Llao), la red de 33 aeropuertos de todo el país, el Banco Hipotecaro Nacional, bancos provinciales, empresas de energía provinciales, represas hidroeléctricas, centrales nucleares y termoeléctricas, la marina mercante, astilleros.

Este remolino privatista, sin embargo, no se atuvo a los manuales del neoliberalismo: los manuales decían que se debía comenzar por privatizar industrias competitivas, empezaron por las públicas. Decían que debían sanear y reestructurar las empresas antes de venderlas, se las dejó caer en la decadencia extrema. Decían que debían instalarse mecanismos regulatorios claros y órganos de control público independiente, en la Argentina fue solo un eje residual. Se perdió el control estatal sobre las empresas, las cuales comenzaron a llevar una doble contabilidad: por un lado ganancias declaradas y por otro, la facturación real que tiene índices más altos, pero permaneció oculta.

En líneas generales se podujeron mejoras en los servicios , pero a comparación de los estándares de calidad anteriores que eran muy bajos. Las empresas no arriesgaron capital propio para expandir u optimizar el sistema, sino que el grueso del dinero fue aportado por los propios usuarios al pagar las tarifas. Para los inversionistas era un negocio redondo: no tenían competencia, la rentabilidad era segura y las ganancias eran desproporcionadas.

Además se facilitó el oportunismo empresarial: no podía existir ninguna interferencia estatal en el precio del servicio. Los capitales privados aumentaron la carestía de los mismos, interesados en la ganancia y desatendiendo la utilidad pública que debían brindar. Se puede decir que si el Estado hubiese implementado estos aumentos en los precios del servicio  también se hubiesen vuelto rentables. El aumento de la  productividad también se logró con la reducción del personal, la flexibilización laboral, precarización de las condiciones de trabajo. La administración pública paso de tener mas de 900 mil empleados en 1989 a menos de 300 mil en 1999.

Para la reducción del personal se utilizaron diversos mecanismos: jubilaciones prematuras, despidos, cesantías, el más común fue el “retiro voluntario” (masivos e indiscriminados) El Estado gastó 1.229,5 millones de dólares para pagar las indemnizaciones, los prestamos se los otorgó el Banco Mundial, y hubo aportes de el Banco Nación Argentina y del tesoro. También se produjo un incumplimiento de las metas y plazos pautados, por lo que se llevaron contantes renegociaciones en desmedro de los intereses sociales.

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Las privatizaciones en general generaron una restricción del sentido de lo público y cohesión social, además de aumentar los índices de desocupación, pobreza y pauperización.

Sabrina Ramírez

 

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